TIRANÍA O DEMOCRACIA

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Dionisio I fue llamado “el Tirano”, porque, con mano de hierro, salvó a su reino de la depredación cartaginesa. A su sucesor, Dión, no le sirvió el gobierno platónico ante la fuerza de las armas de sus vecinos. El Kaiser Guillermo construyó una Alemania fuerte, desde la débil posición de la Prusia original, con la imposición de una disciplina que, desde entonces, dio carácter y fama a los teutones. Salvo unos cuantos, muy pocos ejemplos como las muestras precedentes, las dictaduras obedecen a intereses personales, a su vez movidos por otros intereses económicos superiores al propio dictador y a los que el dictador se pliega y se somete.

La obligación de todo dirigente es buscar lo mejor para el pueblo que gobierna, para lo cual debe predicar con el ejemplo. Debe ser el más escrupuloso con la verdad y en el cumplimiento de la legalidad, principios estos que abarcan, no solo a los dirigentes, sino a toda la escala administrativa, a todos los funcionarios y representantes de la Ley. Todo delito o falta es más grave si la comete quien tiene representatividad, o el deber de hacer cumplir la Ley. ¿Qué autoridad, qué credibilidad, qué legitimidad, puede enarbolar para hacer cumplir la legislación quien se la salta, como el funcionario o el policía que chulea al ciudadano o, peor aún, el que abusa o el que comete un robo? Este principio fundamentalísimo, es ignorado, más: pisoteado en las dictaduras reales y encubiertas, dónde la arbitrariedad es la norma.

Pero las leyes, sobre todo en dictaduras reales o encubiertas, no son justas la mayoría de las veces. Se hacen para reprimir, acallar, impedir reclamaciones y protestas. Y el ejecutivo cuenta con un “arma secreta”: las leyes “Saló”. Como en la efímera república adriática, hay gobiernos –de los que el español es maestro- que dictan leyes por las que ellos, “sus” funcionarios y cuerpos de (in)seguridad, quedan exentos de cumplir las generales, hechas, por tanto, solo para la ciudadanía. Algún ejemplo entre muchos: en España no se pueden embargar sueldos por debajo del salario mínimo y, por encima del 150%, solo se pueden embargar porcentajes, por tramos. Pero el Gobierno se saca de la obediente mayoría parlamentaria un decreto, por el que sí puede embargar cuentas bancarias. Cuentas alimentadas por el propio sueldo, con lo que la primera Ley queda anulada de hecho. O llaman “de defensa de la democracia” una ley hecha para impedir manifestaciones. O con el mismo fin se dedican a eliminar árboles de las plazas públicas, cuestión sumamente grave, en ciudades dónde se alcanzan con facilidad 40º a la sombra.

 

Las dictaduras, no obstante, siempre adaptan su lenguaje, como si no existiera la Academia de la Lengua. “Restablecer el orden” (¿Cuál? ¿Su antojo ocasional?). En sus guerras colonialistas, USA llama “operación de limpieza” a la destrucción masiva de selvas, plantaciones y poblaciones enteras. Un lujo de lenguaje que no debería engañar a nadie, pero del que están aprendiendo las pseudo-democracias europeas y americanas.

Esa es la línea asumida por el Gobierno de España, aprovechando arteramente la intención independentista de partidos y una parte importante de la sociedad catalana. Sin entrar en la conveniencia o el derecho a esa independencia, lo cierto es que prohibir un referéndum es prohibir el derecho de la gente a manifestar sus preferencias; que mandar a la policía con orden de maltratar (a tenor de la declaración de Rajoy, quien afirmó que “cumplían con su deber”), actitud plena y absolutamente antidemocrática, en una concentración pacífica de miles de personas.

Lo peor es que, mientras estas cosas pasan, mientras el propio Tribunal Constitucional interpreta la Constitución a gusto del Gobierno y este decide suplantar las funciones del Gobierno autonómico, algo que la Constitución no autoriza expresamente, mientras, en contra de toda legislación democrática, se encarcela gente por sus ideas, la Unión Europea, temerosa de los movimientos independentistas en los países más grandes, hace la vista gorda en vez de aplicar su propia legislación, que la obliga a impedir estas ilegalidades, incluso con la aplicación del artículo 7, por el que el Estado que las comete (en este caso España) quedaría suspendido en todas sus funciones, incluido el derecho a voto.

Hasta dónde puede presionar el Gobierno español sin que estallen desórdenes por todas partes, no se sabe. Posiblemente aprietan para ver hasta dónde pueden llegar, para luego acusar a la gente de “rebeldes”, “violentos” y “antisistema”. Hasta dónde puede llegar la Unión Europea en la dejación de sus responsabilidades políticas y sociales, demostrando que cada vez es menos unión y menos europea, también es un misterio que ni las propias autoridades comunitarias se habrán planteado, con el pretexto de “son problemas internos”. Como si no fueran internos todos los problemas de cada uno de los 26 países, pero las leyes se hacen para cumplirlas, ¿no?, Aquí no. Se hacen para que las cumpla la gente, el pueblo, el contribuyente. Los gobiernos, por lo que se ve, no tienen ninguna obligación, salvo la de salvar bancos y multinacionales.

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