Dionisio I fue llamado “el Tirano”, porque, con mano de hierro, salvó a su reino de la depredación cartaginesa. A su sucesor, Dión, no le sirvió el gobierno platónico ante la fuerza de las armas de sus vecinos. El Kaiser Guillermo construyó una Alemania fuerte, desde la débil posición de la Prusia original, con la imposición de una disciplina que, desde entonces, dio carácter y fama a los teutones. Salvo unos cuantos, muy pocos ejemplos en la línea de las muestras precedentes, las dictaduras obedecen a intereses personales, a su vez movidos por otros intereses económicos superiores al propio dictador y a los que el dictador se pliega y se somete, aunque, a cambio, también se enriquece.

Mucho antes de la Era actual, unos cuatrocientos años antes, un rey Babilonio, Hammurabí, famoso por su famoso ”Código” (ley de leyes, similar a las actuales constituciones) se adelantó muchos siglos, tantos, que todavía no se le ha alcanzado. Hammurabí consideró obligado reconocer el principio de buena fe de los deudores. Hoy, con el permiso y la connivencia de muchos gobiernos, de entre los que el español es líder, se persigue, amenaza y se le priva incluso de sus herramientas de trabajo –por ejemplo el coche, en el caso de un/a viajante-. El babilonio otorgaba créditos al 5%, en un mercado en que costaban el 20 y el 25%, para combatir la especulación de los prestamistas, que buscaban la esclavitud de los deudores, sometidos a semejante vejación, para pagar el préstamo y los altos intereses. Hoy, el Gobierno de España sin mostrar el menor escrúpulo, permite a los bancos, incluso a aquellos que han vendido previamente el préstamo, quedarse con la vivienda hipotecada y continuar cobrando a la persona embargada, en función de la bajada de precio del inmueble, decidida por el mismo banco, bajada que, sin embargo, no aplican más que en la venta a “fondos buitre”. Y los jueces sentencian a su favor y decretan la intervención policial para consumar el embargo. Igualmente, los juzgados sólo actúan con celeridad ante el impago de alquileres. Todo ello, sin tener en cuenta, en absoluto, las circunstancias sociales o familiares de las personas expulsadas de su vivienda.

La obligación de todo dirigente es buscar lo mejor para el pueblo que gobierna, para lo cual debe predicar con el ejemplo. Debe ser el más escrupuloso con la verdad y en el cumplimiento de la legalidad, principios estos que abarcan, no sólo a los dirigentes, sino a toda la escala administrativa, a todos los funcionarios y representantes de la Ley. Todo delito o falta es más grave si la comete quien tiene representatividad, responsabilidad, o el deber de hacer cumplir la Ley. ¿Qué autoridad, qué credibilidad, qué legitimidad, puede enarbolar para hacer cumplir la legislación quien se la salta, como el funcionario o el policía que chulea al ciudadano o, peor aún, el que abusa o el que comete un robo? Este principio fundamentalísimo, es ignorado, más: pisoteado en las dictaduras, sean reales, ó encubiertas como la española, dónde la arbitrariedad es la norma.

Pero las leyes, sobre todo en dictaduras reales o encubiertas, no son justas la mayoría de las veces. Se hacen para reprimir, acallar, impedir reclamaciones y protestas. Y el ejecutivo cuenta con un “arma secreta”: las leyes “Saló”. Como en la efímera república adriática, hay gobiernos –de los que el español es maestro- que dictan leyes por las que ellos, “sus” funcionarios y cuerpos de (in)seguridad, quedan exentos de cumplir las generales, hechas, por tanto, sólo para la ciudadanía. Tienen el descaro de exigir a los demás el “cumplimiento estricto de las leyes”, mientras ellos mismos se saltan la Constitución a su antojo, incluso dictan leyes contrarias al constitucionalismo y al ordenamiento jurídico internacional. Algún ejemplo entre muchos: en España no se pueden embargar sueldos por debajo del salario mínimo y, por encima del 150%, sólo se pueden embargar porcentajes, por tramos. Pero el Gobierno se saca de la obediente mayoría parlamentaria, sometida al partido, un decreto por el que sí puede embargar cuentas bancarias. Cuentas alimentadas por el propio sueldo, porque en la actualidad sólo es posible cobrar la nómina a través de entidad bancaria, con lo que la primera Ley queda anulada de hecho. O llaman “de defensa de la democracia” una ley hecha para impedir manifestaciones e impedir, también, que puedan conocerse los excesos de “sus” fuerzas de seguridad en la represión. O con el mismo fin se dedican a eliminar árboles de las plazas públicas, cuestión sumamente grave, en ciudades dónde se alcanzan con facilidad 40º a la sombra, con el fin de dificultar ó impedir posibles concentraciones y manifestaciones para reclamar por su autoritarismo y arbitrariedad.

Las dictaduras, no obstante, siempre adaptan su lenguaje, como si quisieran suplantar a la Academia de la Lengua. “Restablecer el orden” (¿Cuál? ¿Su antojo ocasional?). En sus guerras colonialistas, USA llama “operación de limpieza” a la destrucción masiva de selvas, plantaciones y poblaciones enteras. Un lujo de lenguaje que no debería engañar a nadie, pero del que están aprendiendo las pseudo-democracias europeas y americanas. Esa es la línea asumida por el Gobierno de España, aprovechando arteramente la intención independentista de partidos y una parte importante de la sociedad catalana. Aún sin entrar aquí en la conveniencia o el derecho a esa independencia, lo cierto es que prohibir un referéndum es prohibir el derecho de la gente a manifestar sus preferencias, a participar en las decisiones que les afectan; que mandar a la policía con orden de maltratar (a tenor de la declaración de Rajoy, quien afirmó que “cumplían con su deber”), es una actitud plena y absolutamente antidemocrática, en una concentración pacífica de miles de personas. Lo peor es que, mientras estas cosas pasan, mientras el propio Tribunal Constitucional interpreta la Constitución a gusto del Gobierno y este decide suplantar al Gobierno electo, algo que la Constitución no autoriza en absoluto, mientras, en contra de toda legislación democrática, se encarcela gente por sus ideas, la Unión Europea, temerosa de los movimientos independentistas en los países más grandes, hace la vista gorda en vez de aplicar su propia legislación, que la obliga a impedir estas ilegalidades, incluso con la aplicación del artículo 7, por el que el Estado que las comete (en este caso España) quedaría suspendido en todas sus funciones, incluido el derecho a voto. En India, una de las acciones de los independentistas, guiados por el pacifismo de Gandhi, fue presentarse ante la policía y resistir los golpes, con la sola cura de las mujeres que esperaban a los golpeados, para denunciar al imperialismo inglés y avergonzarlo ante el mundo. En esta ocasión, en cambio, nadie se avergüenza aunque motivos sobran. La “democrática” UE se inhibe, con el fútil pretexto del “son problemas internos”.

Hasta dónde puede presionar el Gobierno español sin que estallen desórdenes por todas partes, no se sabe. Posiblemente aprietan para ver hasta dónde pueden llegar, para luego acusar a la gente de “rebeldes”, “violentos” y “antisistema”. Hasta dónde puede llegar la Unión Europea en la dejación de sus responsabilidades políticas y sociales, demostrando que cada vez es menos unión y menos europea, también es un misterio que ni las propias autoridades comunitarias se habrán planteado, con el pretexto de “son problemas internos”. Como si no fueran internos todos los problemas de cada uno de los 26 países, pero las leyes se hacen para cumplirlas ¿no? Eso argumentan cuando las leyes a cumplir son las impuestas por sus propios partidos. Aquí no. Se hacen para que las cumpla la gente, el pueblo, el contribuyente. Los gobiernos, por lo que se ve, no tienen ninguna obligación, salvo la de salvar bancos y multinacionales.

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Rafael Sanmartin
- Ex-Redactor -

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