La Constitución Española declara que la soberanía del país está en el pueblo, que por sufragio universal elige a sus representantes. Pero luego esos parlamentarios se organizan en partidos políticos que se dedican muchas veces a fomentar el odio entre ellos, en lugar de llegar a acuerdos para mejorar el bien común, que es para ello que han sido votados. Cuando hay una crisis, como la actual pandemia, es el momento de hacer realidad y aunar esfuerzos para fomentar el bien de las personas que les han votado.

Pienso que el problema está en que hay poca participación ciudadana en la política. Podemos votar y en teoría usar caminos extraordinarios como convocar un referéndum (si a la clase política place convocarlo), pero no hay un seguimiento real de la gestión política que protagonizan esos partidos, que forman como una nueva aristocracia, unas estructuras de poder, sin duda influenciados por los poderes económicos, a todos los niveles de los gobiernos políticos.

Digamos que ellos se organizan dentro del partido, de modo que suben a altos cargos personas que muchas veces no han estado trabajando en la vida real, y no tienen capacidad de gestionar procesos políticos. Por ejemplo, ante cualquier crisis como la actual se requiere una prudencia que lleva primero a analizar el hecho (escuchar la llamada de alarma que lanzó la OMS en enero y tantas otras cosas), en segundo lugar se hace un diagnóstico del problema (en medicina, después del análisis de diagnostica la enfermedad) y luego la solución adoptada (siguiendo con el ejemplo de la medicina, se adopta una terapia para la curación de un paciente). 

Me comentaba un amigo que las personas que ostentan cargos públicos deberían gozar de nivel de conocimientos y buena reputación (ser buenas personas). Estas dos cosas son difíciles de medir en una sociedad donde domina el éxito y no la honradez. Pero se me ocurren tres estrategias para ello:

A) Un seguimiento más directo de la política por parte de los ciudadanos. Que no sea votar a unos que se ponen los sueldos que quieren, hacen las leyes que quieren y nos imponen los impuestos que quieren para engordar una clase de zánganos que van multiplicándose entre cargos y asesores… es asombroso ver el número de políticos y funcionarios de España, sobre todo comparados con países más numerosos como Alemania. Quizá el mejor sistema es convocar referéndum para muchas cosas, como hacen en Suiza (a los distintos niveles de Confederación, Cantón o municipio, según se trate de un temas circunscrito a un territorio u otro). Otro sistema, que también es  compatible con este, es que los parlamentarios den cuenta de su labor, y si no responde a los intereses de los votantes, se le retire el apoyo y se escoja otro. 

Es decir que escojamos personas y no partidos. La Constitución está abierta a leyes que mejoren ese marco político. También a nivel internacional, conviene crear una institución imparcial que modere los egoísmos de los distintos Estados (a veces con Gobiernos sometidos a intereses económicos) y proteja las personas, así Bertrand Russell y Einstein lo propusieron, y abundan hoy día las propuestas de este tipo, el mismo Ratzinger lo sugirió.

B) Al igual que se requieren conocimientos para ser profesor Universitario, miembro de un tribunal, etc., que se requieran también esos conocimientos para los cargos públicos políticos. Por ejemplo, no entiendo que el ministro de Sanidad tenga carrera política pero no sanitaria. Y que se haga un seguimiento de las actuaciones, evaluando si las cosas se hacen bien o mal. Es lógico que cuenten para su actuación con personas expertas, del mundo de la empresa, de la Universidad, etc. Pienso que por ejemplo si se planea una actuación en el mundo laboral, será bueno oír a los sindicatos, asociaciones de empresarios, Cámaras de comercio y entidades representativas en el sector donde se está planeando esa actuación. Evitar ese diálogo es ir en contra de un principio básico de que “cuatro ojos ven más que dos”. Es de ignorantes no escuchar.

C) ¿Cómo evaluar si alguien es “buena persona” para un cargo público? El derecho a la fama protege la vida personal de los ciudadanos, pero la Ley deja que podamos hablar de la vida personal de esas personas que tienen cargos públicos, porque su actuación personal tiene una proyección política. Un sinvergüenza no puede ostentar un cargo público. Así, en los países anglosajones quien miente (por ejemplo en un plagio académico) dimite. La mentira está castigada con la dimisión (el famoso caso de Nixon por ejemplo).

La no adecuación de las palabras con lo que ha pasado, no debe permitirse en un político, y por eso si se descubre la mentira.

En conclusión, pienso que es necesaria una reflexión política, para que la política
no sea odiarse entre los partidos sino atender las necesidades de los ciudadanos. La cultura del odio entre partidos no es el servicio público que han jurado en su toma de posesión del cargo público.

En muchos casos, se esconden las verdaderas intenciones de muchas actuaciones políticas con mentiras con grave daño a la población. Pienso que tanto la fiscalía, iniciativas populares a través de asociaciones, y proposiciones parlamentarias para mejorar las leyes, deberían poder hacer que las necesidades primarias de los ciudadanos prevalezcan sobre los intereses partidistas, y así en política se adopten acuerdos constructivos para el bien común. 

Y esto no solo a nivel nacional, sino también en los pequeños ambientes. En este sentido, la desconcentración y descentralización previstos en la Constitución Española son herramientas del principio de subsidiariedad que ha de prevalecer para que decidan quienes conocen de verdad los problemas sociales. Que por culpa de problemas de burocracias no se ahoguen las iniciativas sociales de solidaridad:por ejemplo, que los gobiernos autonómicos no prohíban usar un hospital que el municipio requiere; que se apoyen las asociaciones de vecinos que están mucho más cerca de los ciudadanos, para atender a personas con necesidades de alimentos no se querrá centralizar en listas municipales de modo que estemos todos fichados, para todo; que los agentes sociales actúen en coordinación con Caritas, las asociaciones de vecinos, etc.

 

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