Así. Sin anestesia. Ahora resulta que hace falta un permiso especial para salvar vidas. En consecuencia si vemos alguien enfermo o herido en la calle, aunque fuera un principio de infarto, habrá que ir a la policía para que eleve al Juzgado la petición y el Juzgado autorice a hacerle respiración artificial o darle masaje mientras llega la ambulancia. Es un procedimiento nuevo, y sobre todo muy moderno, que se desprende de las explicaciones dadas con que explicar las trabas impuestas a un barco para desembarcar personas rescatadas en alta mar; a la posibilidad de que se le imponga una multa cuya cuantía justifique la incautación del barco, y al secuestro del mismo barco por la ¿justicia? Italiana.

El gobierno español “tiene que identificar si la manera de operar del buque del Open Arms es compatible o no con el despacho de salida”. El despacho de salida es el permiso de zarpar que emite la Marina Mercante; para entendernos.

Pues la Ley del Mar no se anda con tonterías: quien no socorra a náufragos o a cualquier persona en riesgo por posible naufragio, debe ser perseguido y castigado por cualquier gobierno. Por el primero que pueda echarle mano a los marinos que han abandonado a esas personas. Esos marinos perderían su dignidad y sus atributos profesionales por haber abandonado en alta mar a gente con grave riesgo de morir ahogados.

Pero, al parecer, aquello de la “honra sin barcos” ya pasó hace mucho tiempo. Y ciertos estados de la Europa “civilizada” se consideran por encima de las leyes internacionales. El gobierno del Estado español tiempo a que lo viene practicando, pero los componentes del actual dicen ser socialistas, atributo claramente enfrentado a su negación del respeto a la vida. El Gobierno italiano ya se ha señalado por inhumano, el fiscal por cortar lo sano (no es igual que cortar ”por” lo sano). El mismo fiscal que debería haber acusado a los marinos si hubieran dejado naufragar y morir a los refugiados, “incauta” el barco, palabra incapaz de convencer ni a los más incautos. Apropiarse un bien ajeno, aunque no sea para sí, sino para el Estado, tiene otro nombre.

Para que la Marina Mercante pueda informar a favor del gobierno, a fin de que este pueda a su vez multar a la ONG, es necesario demostrar, y si es imposible interpretar, que el sólo hecho de navegar con la costa libia a la vista, “incumpliría lo establecido en la instrucción dada por la propia autoridad a los propietarios del barco”. Una solución tan enrevesada, que precisa forzar la interpretación de las leyes hasta el extremo que ya en varias ocasiones, ha hecho temblar –o reír, según los casos- a los jueces europeos. Si un barco precisara un permiso previo de la autoridad marítima para poder socorrer náufragos y salvar vidas, el salvamento marítimo estaría descartado. O las autoridades tendrían que dar autorizaciones de forma automática al momento de zarpar cualquier barco ¿Para qué, almas de cántaro? con aplicar la Ley del Mar, que afecta a todos los estados y a todas las embarcaciones por igual, ya está superado ese requisito ridículo.

Carmen Calvo está demostrando lo que vale. Ya lo dejó claro de consejera y el Sr. Presidente se ha empeñado en perder seriedad con su nombramiento. Insistir una y otra vez, en que el barco “no tenía permiso para recoger náufragos”, supera todas las ridiculeces imaginables. Es mucho más que ridículo. Cuesta tanto escribir su definición como, en línea inversa poco le cuesta poner preceptos legales inexistentes. Lo inadmisible, lo desgraciado para la dignidad de un Estado, es que se pueda argüir “las leyes están para cumplirlas”, porque no existe ni puede existir ley alguna que impide salvar vidas, y porque lo que se incumple, por el propio gobierno, es una ley superior de alcance internacional. De verdad, de verdad, ningún sueldo, ningún sueldazo puede ser capaz de soportar tanta ignominia.

Los gobiernos europeos y el gobierno de Europa deberían convencerse que llenar el Mediterráneo de cadáveres no va a disminuir la emigración. Lo único que lo evitaría sería practicar la Justicia de posibilitar la vida en su país, en su provincia, en su ciudad, a los habitantes de esos estados de dónde huyen los refugiados, tanto de guerras como del hambre. Tanto da. La gente no se gasta un dinero ahorrado en años, no se expone a los peligros de la travesía por tierra y mar, no se pone en manos de mafias más peligrosas si cabe que los gobiernos europeos, por simple “placer turístico”. Lo único que terminará para siempre con la huida continua de sus lugares de origen es permitirles que puedan vivir en su tierra. Combatir, en vez de apoyar a los “señores de la guerra”. Dejar de esquilmar el producto de su tierra, ya sea directamente o por medio de esos ejércitos mercenarios que los explotan en régimen de esclavitud. Ayudarles a la reconstrucción de sus países y a su industrialización, que tan sólo supondría devolverles una pequeña parte de lo que se les ha esquilmado. Entonces podrán vivir en sus lugares de origen; entonces no necesitarán exponerse a tantos peligros en busca de un lugar que ellos creen más seguro, pero que resulta ser mucho menos, desde que empiezan a cruzar la selva y el desierto, hasta que una barca sobrecargada queda a merced de las olas en el Mediterráneo.

Que nadie cometa la indignidad de acusar a los salvadores de “comerciar con vidas humanas”, porque no son ellos, sino los señores de la guerra, los explotadores de sus riquezas y las mafias que les prometen un viaje a Europa, quienes comercian con sus vidas. Es a esos a quienes hay que combatir, no a quienes intentan salvar todas las vidas posibles en el tramo final de su aventura.

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