Derribo de viviendas

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1.600.000 personas sin hogar

 

Art. 47, de la Constitución Española
 
Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivien
da digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.
Desde el inicio de la crisis, se han producido en España más de 400.000 desahucios, lo que supone en un promedio de 4 personas por familia, una media de 1.600.000 personas sin hogar, algunos acogidos por familiares o amigos, pero otros sin posibilidad de acogerse a esa ayuda han tenido que comenzar a “vivir” en chabolas o incluso en la calle.
Ante esas cifras ¿se puede permitir que se derriben viviendas? ¿es lícito (legal) y moral que las administraciones públicas ordenen esa acción en un momento en el que miles de personas se encuentran en situación de precariedad?
Leyes, normas, obligaciones, impuestos, legisladores, gobiernos autonómicos, locales y por supuesto nacional, toda una estructura para velar por el bien de los ciudadanos y por el cumplimiento de derechos básicos, no por simples, sino por ser lo mínimo exigible; un estado está compuesto por los integrantes del mismo, pero nos han “vendido” el concepto del bien estatal para afianzar y propugnar leyes que protegen intereses gubernamentales alejados del bien de las personas.
Las cifras no reflejan la tragedia y el dolor de madres y padres a los que les arrebatan un hogar,
¿podemos olvidar que el desarrollo de la humanidad se formó a partir de la estabilidad del refugio?
El derribo de viviendas por una mala gestión administrativa, por la falta de pago de un impuesto o en nombre de un mal llamado sentimiento de protección de la naturaleza, cuando en nombre del bien común y de intereses empresariales se perforan espacios protegidos como Doñana para extraer gas o se obliga a pagar por la energía solar, es una artimaña política repugnante que no solo vulnera los derechos mínimos, sino la moral y los principios de humanidad.

 

 

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Paco Sanmartin
Director y editor de Revista LOA

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