El Banco de España ya lo ha avisado: estamos entrando en otra “depresión”. Y el BBVA ha pedido la eliminación de los contratos temporales. Según los dos organismos, estos son los responsables de la subida de los alquileres. ¿El mundo al revés? No. Simplemente, que quede claro: quien avisa no es traidor. Para evitar aquella maldita desafortunada afirmación de Zapateroquien es patriota no habla de crisis”, que faltará tiempo para salir de las voces de Abascal, Casado y Rivera, patriotismo es defender lo que se quiere; pero no lo es mentir. El Banco de España y el BBVA ya han visto lo que se nos viene encima; el desastre que, de forma indecente e irresponsable, están fabricando los especuladores, pensando únicamente en su particular beneficio inmediato.

Como la gente no puede comprar, tiene que alquilar”, decía el “avispado” propietario, lo mismo piensan todos los “avispados” propietarios. Y subió el precio. No piensan, porque el egoísmo no se lo permite, que quien no puede pagar 500 euros de hipoteca menos podrán pagar 700 de alquiler. Y encima soportar la trashumancia: el cambio de vivienda cada pocos años, y la exigencia de la propiedad, animada por inmobiliarias y aseguradoras, de cargar al inquilino el desgaste natural. En los últimos tres años, el precio de los alquileres ha subido hasta el 50%; una barbaridad injustificable, tan sólo basada en el ansia de obtener un sueldo sin dar golpe. Peor aún: basado en el egoísmo especulativo, falto de ética y de conciencia, porque pretende vivir mejor a costa de empeorar la vida de quienes viven peor.

La subida no se puede justificar en “que el vecino ha subido”. Entre otras razones porque eso se asemeja tanto al oligopolio que debería estar penado por ley. La ambición es comprensible, pero no debería ser permitida. El mercantilismo es el problema,.es la vergüenza de quienes no la conocen. El problema es que en el reino de España no sea delito la especulación. Más problema aún que los gobiernos españoles hayan coincidido en animarla y protegerla. Que quienes tienen tanta falta de ética como para llamarse a si mismos “centristas”, se nieguen una vez y otra a ponerle remedio, a posibilitar el cumplimiento de un mandato constitucional. Ellos, que no sienten reparos en llamarse a sí mismos “constitucionalistas”. Debe ser que de la Constitución sólo conocen un artículo.

La que viene, la que ya nos está inundando, va a ser mucho más grave que la comenzada en 2007 y reconocida en 2008. Por la sencilla razón de que todavía no ha pasado. Nos coge con los sueldos más bajos, con más deudas, con el trabajo más inseguro de la historia. Con razón el mismo BBVA pide la prohibición de contratos temporales. Creyeron, mejor dicho, quisieron creer que eso animaría el “mercado” laboral. Quisieron convencernos que, con esa libertad, los empresarios contratarían más. Y la libertad ha servido para exigir más rendimiento, más horas de trabajo sin compensación, para despedir a empleados “molestos”, para librarse de quien reclamara lo más mínimo. Para obligar a trabajar más, a fin de contratar menos.

 

Y no es sólo un problema de los empresarios. Bancos, socimis, apartamentos turísticos, promotoras, inmobiliarias y super-inmobiliarias han trabajado febrilmente para crear una burbuja mayor que la anterior, sin que ningún gobierno se haya preocupado. Y la gente, el honrado vecino, los propietarios de viviendas “al por menor” no han querido ser menos y se han puesto a pescar en río revuelto. Lo importante es ganar más, aunque los demás no puedan comer. La diferencia entre grandes y chicos estará en el tamaño, pero no en la intención, no en el proceder, no en la plena ausencia de ética. No en la responsabilidad de estar creando una nueva crisis más grave que la anterior. El 50% de subida es un dato oficial, pero los datos oficiales sólo recogen lo que se puede medir. Es decir, la mayoría defraudadora, que no declara sus alquileres, no está controlada. Su control aportaría ingresos a la Hacienda pública, pero no sólo, también aportaría el perfeccionamiento del dato. Quizá el gobierno no quiere asustarse cuando viera la realidad. ¡Pobrecitos!

Todo tiene solución y bastaría con cumplir la Constitución. Ante el aumento de demanda de alquileres se ha dado la subida especulativa. Si el gobierno, la Administración, las administraciones, cumplieran su deber, estarían construyendo miles de viviendas para las familias necesitadas. No puede pagar 500, 600, 700 euros quien gana 800 o 1000. Eso precisa una regulación que es labor del Gobierno y que consiste en construir pisos. Y ¿las inmobiliarias? ¿Y las constructoras? ¿Y los arrendadores? Lo tienen muy fácil: ganar un poco menos para hacerlo accesible a los demás. La vivienda es una necesidad básica recogida en la Constitución y una necesidad básica no puede dejarse en manos de una supuesta “libertad”, que conculca la libertad y el derecho de habitar una vivienda digna. Por más que al trifachito se le revuelvan las tripas ante el riesgo de que los suyos ganen un poquito menos.

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